Los entornos de juego seguro, desarrollados en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, son aquellos que, a partir de la inclusión de diferentes medidas que afectan a la oferta y al consumo de los juegos de azar, protegen frente al desarrollo de comportamientos de juego de riesgo, problemático, compulsivo o patológico, además de minimizar los efectos negativos que estos puedan causar.