Preguntas frecuentes

Disponer de una cuenta de juego es un elemento imprescindible para poder participar en juegos online de ámbito estatal, y que deberá ser ofrecida por los operadores de juego, por lo que, no es admisible el cobro de una comisión por la disposición de una cuenta de juego activa, sin perjuicio de las consideraciones sobre la posible existencia de cuentas inactivas.

Por lo que respecta a las previsiones de información sobre los registros de usuario inactivos, en las Orientaciones se ha buscado un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Por una parte, el participante conserva la titularidad de los fondos depositados en su cuenta de juego hasta el momento en que dispone de ellos en una apuesta concreta y no está obligado a realizar apuestas. No obstante, desde la perspectiva del operador, el mantenimiento de cuentas inactivas puede tener implicaciones económicas, al diferir el número de participantes registrados y los que realmente tienen actividad, si bien es una eventualidad que debe prever en el clausulado del contrato.

En definitiva, lo que se persigue es la plasmación en el contrato de los elementos concretos para definir un registro como inactivo, y que el participante reciba una clara información de ello, así como de las posibles consecuencias que podría conllevar el mantenimiento de una cuenta inactiva. Además, en caso de que el operador considere ese mantenimiento como un servicio adicional de pago, previamente a cada cargo en cuenta por ese servicio adicional, se informará de ello al usuario con la suficiente antelación y de las alternativas de que dispone para evitar ese cargo.

El operador deberá ordenar al medio de pago que corresponda la transferencia de fondos solicitada por el participante en un plazo máximo de 24 horas. Solo podrá incumplirse este plazo por causas excepcionales previa notificación a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

A estas obligaciones legales, las Orientaciones a?aden que durante el proceso de tramitación de esa solicitud de retirada de fondos no se permitirá al participante la utilización de esos fondos para realizar apuestas, jugadas o pronósticos.

La retirada de fondos y el abono de premios se efectuarán por el operador sin coste adicional alguno para el participante.

Estas transacciones económicas se realizarán por el procedimiento y medios de pago que hubiera establecido el operador en las reglas particulares del juego de cada juego.

Como regla general, el operador deberá ordenar la transferencia de fondos en un plazo máximo de 24 horas. Este plazo podrá superarse por causas excepcionales y siempre que se haya notificado previamente a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Como regla general, el operador deberá ordenar al medio de pago que corresponda la transferencia de fondos en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, determinadas obligaciones legales pueden justificar de forma excepcional una suspensión de una solicitud de retirada de fondos, pudiendo citarse las de la lucha contra el blanqueo de capitales o el fraude, la integridad del juego, que concurran causas que permitan la suspensión cautelar por presunto comportamiento fraudulento o colusorio del usuario, o el control y verificación periódicos de la identidad de los participantes y de las prohibiciones subjetivas.

Las Orientaciones incluyen una serie de pautas, que pueden sintetizarse de la siguiente forma:

• que los motivos justificativos para el bloqueo de la retirada de fondos sean válidos y estén tasados.
• que se informe al participante, en tiempo y forma oportunos, en la medida que lo permita la legislación aplicable (especialmente, las normas de orden público y de gestión responsable del juego, como la colaboración en la prevención contra el blanqueo de capitales, la de asegurar la integridad y seguridad de los juegos, la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas).

De acuerdo con la normativa de juego, el operador es el responsable de la veracidad de los datos de sus registros de usuario y de la correcta identificación de sus participantes. Además, el operador ha de llevar un registro y control detallado de todas las operaciones de pagos y cobros, lo que implica que el operador debe asegurar una adecuada verificación de los medios de pago y garantizar que todas las transacciones económicas tengan trazabilidad completa.

Por otro lado, la normativa de juego no impone que los requisitos o procedimientos de verificación previos a una retirada de fondos tengan que ser necesariamente idénticos a los empleados para un depósito, ni que tal procedimiento de verificación sea realizado una sola vez durante la vigencia del contrato.

Sin embargo, si la utilización de medios de pago distintos en los procesos de depósito y retirada lleva asociados distintos requisitos de verificación, o cuando existan controles adicionales en el caso de retirada de fondos, el participante debe ser conocedor de tales circunstancias. En ese sentido, las Orientaciones incluyen la necesidad de que el operador informe de todo ello al participante en el momento de tramitar un depósito realizado por el participante.

La normativa de juego establece que la transferencia de esos fondos se realizará de forma gratuita por alguno de los medios de pago ofrecidos por el operador (“le transfiera, por cualquiera de los medios de pago ofrecidos por el operador y sin coste adicional alguno, el saldo de su cuenta de juego y el de los premios obtenidos”). En cambio, no impone una cantidad mínima para las retiradas de fondos.

Partiendo de estas premisas, las Orientaciones incluyen las siguientes consideraciones adicionales:

• no se podrán imponer restricciones en cuanto a la cuantía mínima de cada retirada de fondos;
• en cuanto al número de retiradas, el operador deberá aportar información sobre si existe un número máximo de retiradas diarias, si bien deberá garantizarse la posibilidad de realizar al menos una retirada al día;
• en lo que afecta a los medios de pago, el participante podrá utilizar el mismo medio de pago utilizado para la realización de sus depósitos, siempre que permita la trazabilidad y no sea anónimo; en caso contrario, para la retirada deberá utilizarse un medio de pago trazable y verificado.

El participante podrá elegir únicamente entre los medios de pago admitidos previamente por el operador, tanto para la realización de depósitos como para la retirada de fondos. Por ello, el operador deberá informar a los participantes con claridad de los medios de pago admitidos.

En esta materia, es importante destacar que, en el marco de la política de gestión de riesgos de fraude de medios de pago, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha fijado a los operadores unas pautas a seguir (ver Nota técnica sobre la gestión de fraude en operadores de juego), orientadas a la trazabilidad completa de todas las transacciones, entre las que pueden destacarse las siguientes:

• Las retiradas de fondos de la cuenta de juego se realizarán a través del mismo medio de pago utilizado para el depósito, siempre que permita la trazabilidad. En caso contrario, la retirada deberá utilizar un medio de pago trazable y verificado.
• En particular, si el medio de pago usado en el depósito es anónimo, las retiradas se realizarán mediante un medio de pago que sea trazable y esté verificado (p. ej. mediante transferencia bancaria o mediante tarjeta cuando haya sido verificada)

De acuerdo con las Orientaciones, la fijación por el operador de restricciones individuales, como limitar los mercados o la cantidad máxima a apostar, resultará encuadrable dentro del margen de gestión del riesgo del operador en la configuración y concreción de su oferta, siempre que:

• esté bien detallado en el clausulado del contrato;
• la concreta decisión del operador esté fundada en motivos válidamente admitidos en Derecho (principio de motivación) y se informe adecuadamente al participante, en tiempo y forma oportunos sobre las causas justificativas, cuando así lo permita la norma aplicable, y asimismo se observen el resto de recomendaciones establecidas en las Orientaciones, con especial atención a las de información y transparencia.

En las Orientaciones se hacen una serie de recomendaciones al respecto con las que se pretende incrementar la seguridad jurídica mediante una mayor transparencia, para minimizar la posibilidad de comportamientos arbitrarios y, en definitiva, reducir la litigiosidad que puedan alcanzar estas cuestiones. Las recomendaciones son las siguientes:

• Inclusión en el contrato: en él se debe indicar la habilitación expresa al operador para acordar esas medidas. Así, en el mismo se incluirá, entre otros casos, los previstos en la normativa de juego (a modo de ejemplo, la imposibilidad de abonar premios a participantes incursos en prohibiciones subjetivas -menores de edad, incapacitados, autoprohibidos, o que tengan estrechos vínculos con el operador, etc.-, y la suspensión o resolución del contrato por determinados comportamientos del participante: fraude, colusión o puesta a disposición de terceros de su cuenta), o las derivadas de determinadas  obligaciones legales a cumplir por los operadores (como la colaboración en la prevención contra el blanqueo de capitales, la de asegurar la integridad y seguridad de los juegos, la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas).
• Motivación válida: el operador debe fundamentar sus decisiones en motivos válidos y admitidos en Derecho (bien por estar recogidos en la normativa de juego, o que no incurran en las causas para considerar abusiva una cláusula), tasados y especificados en el contrato.

• Información al participante: se incide en la oportuna explicación/información al participante involucrado sobre la medida adoptada y su motivación, comunicada en tiempo y forma oportunos. En el caso de que la decisión se refiera a una apuesta, jugada o pronóstico concretos, esa comunicación se hará, en la medida de lo posible, con anterioridad a la finalización del evento, hecho o circunstancia objeto de los mismos, y se asegurará la extensión de esta decisión al resto de participantes cuando resulten aplicables las condiciones que la determinaron.

  No obstante, en las Orientaciones se establecen distintos niveles en la información a proporcionar al participante, pues en algunos casos la legislación no permite al operador facilitar determinada información. Así, la información a suministrar puede variar en función de:

  • la naturaleza de la decisión, y, en concreto, a aquella que afecte a condiciones esenciales del contrato de juego, como la vigencia del contrato, alteraciones de las condiciones previamente pactadas, o incidencias sobre los fondos del participante); en estos casos, la información será más completa y detallada;
  • la concurrencia con otros intereses públicos de los que se deriven obligaciones legales para los operadores, ya sean éstas de orden público o vinculados con los compromisos sobre la gestión responsable del juego (como asegurar la integridad del juego, la lucha contra el fraude, prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas, etc).

Es posible que el operador adopte la medida de bloquear (o suspender) la cuenta de juego de uno de sus usuarios, si bien, tal y como se contemplan en las Orientaciones, han de seguirse varias pautas para que su aplicación sea correcta:

• Inclusión en el contrato: el operador ha de incluir esta posibilidad de forma expresa en el clausulado del contrato, indicando las causas y motivos que pueden justificarla. En todo caso, se incluirán los expresamente previstos en la normativa (como los indicios de fraude, colusión o inactividad por más de 2 a?os).
• Motivación válida: el operador debe fundamentar su decisión de bloquear una cuenta de juego en motivos válidos y admitidos en Derecho. Algunos de ellos están expresamente recogidos en la normativa de juego (fraude, colusión, puesta a disposición terceros la propia cuenta, registros inactivos). En otros casos se derivan de determinadas obligaciones legales de los operadores (como la colaboración en la prevención contra el blanqueo de capitales, la de asegurar la integridad y seguridad de los juegos, la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas), o bien se analiza su conformidad con la normativa de protección del consumidor (de modo que tal motivación no incurra en las causas para considerar abusiva una cláusula).
• Informar al participante: por último, se incide en la oportuna explicación/información al participante involucrado sobre la medida adoptada y su motivación, comunicada en tiempo y forma oportunos.